'Alerta Naranja' ante la Reducción de la Jornada Laboral

Por Gonzalo Baeza

Los trabajadores públicos de Puerto Rico finalmente lograron evitar los despidos masivos propuestos por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá como parte de una controvertida reforma fiscal. El foco original del conflicto fue el plan de sanear las deficitarias arcas de una administración empecinada en apaciguar las estrictas demandas de las casas evaluadoras de bonos.

San Juan

No obstante, las movilizaciones de SPU para crear conciencia sobre la medida, la que entre otras cosas pretendía la reducción de la jornada semanal de trabajo de los empleados públicos a cuatro días, tuvieron éxito. Acevedo Vilá se desistió de su plan original y anunció el 26 de enero una nueva iniciativa de reforma fiscal a tres años plazo, sin despido de empleados.

"Lo que el gobernador quiere es cuadrar un déficit fiscal de muchos años a costa de los que pagamos las contribuciones", dijo a Empleado Público Genoveva Valentín, sub-directora de Servidores Públicos Unidos (SPU)/Concilio 95 de AFSCME.

Puerto Rico enfrenta un déficit estructural de aproximadamente 1,700 millones de dólares para el próximo año, lo que llevó originalmente al gobierno de Acevedo Vilá a proponer una iniciativa que cargaba el peso de los recortes presupuestarios sobre los empleados públicos de la nación. Entre las medidas propuestas originalmente por el gobierno figuraban severos recortes de salario, ya fueran en forma voluntaria u obligatoria. Ya en julio Vilá había hablado de cesantear a nada menos que 40 mil empleados públicos.

'Póngase en nuestros zapatos.'

La creciente amenaza llevó a que el 10 de noviembre SPU movilizara a miles de empleados públicos, quienes marcharon desde la Plaza de Armas hasta La Fortaleza — el palacio de la gobernación de Puerto Rico — bajo la consigna "Señor Gobernador, póngase en nuestros zapatos". El nombre del acto se debió a que numerosos manifestantes llevaron zapatos viejos, que dejaron frente a la entrada de la calle Fortaleza como intento simbólico de hacer entender a Vilá lo que significa la pérdida de empleo o una rebaja salarial.

Valentín explicó que SPU ha "desarrollado una serie de actividades" como parte de la campaña "Alerta Naranja" para combatir la propuesta de reducción de la jornada de trabajo. Asimismo, la organización ha elaborado un plan de propuestas para el gobierno enfrentar la crisis económica del país, entre las que se incluye combatir la evasión contributiva y subir los impuestos de las grandes corporaciones (ver recuadro).

"Si el gobernador no demuestra buena voluntad, no puede haber diálogo", comentó Ellie Ortiz López, presidente de SPU (y un vicepresidente Internacional de AFSCME), en alusión a los numerosos intentos de negociación con el gobierno por parte de los líderes sindicales.

Una carga para los servidores públicos

En un esfuerzo por apaciguar los ánimos de los manifestantes, los asesores José Nadal, de Asuntos Gubernamentales, y Gustavo Vélez, de Asuntos Laborales y Económicos, se reunieron en dicha oportunidad con los líderes sindicales. No obstante, la postura del gobierno se mantuvo inamovible en cuanto a no dar garantías para los empleos públicos.

"La orden ejecutiva viola las leyes laborales y los convenios colectivos", dijo Ortíz. "El gobierno le está imponiendo una carga a los servidores públicos como si fuéramos los responsables de la crisis. Mientras tanto, el pueblo sufre los aumentos de la gasolina, los peajes y la luz".

Las alzas a las que aludió Ortiz se han hecho sentir desde que Vilá anunciara una serie de "medidas de austeridad" en enero. Los peajes han registrado un aumento de más del 40 por ciento, la electricidad, cerca de un 100 por ciento, y el agua, un 64 por ciento, junto con un 64 por ciento adicional a imponerse en julio del próximo año, según palabras del propio gobernador. De acuerdo con un estudio publicado por la American Water Works Association a comienzos de año, los puertorriqueños van a pagar al menos 280 por ciento más de lo que se paga en Estados Unidos por cada metro cúbico de agua.

Por si fuera poco, en el 2005, el Indice de Precios al Consumidor, la principal medida de la inflación en el país, aumentó en más del 13 por ciento.

Las presiones de los bonistas

Mientras que tanto el gobernador como la Legislatura se mostraban incapaces de darles una respuesta satisfactoria a los trabajadores, oficiales del gobierno puertorriqueño se reunieron el 22 de noviembre en Nueva York con dos casas evaluadoras de bonos, Moody's Investors y Standard & Poor's.

El motivo del encuentro fue un intento desesperado del gobierno por apaciguar a los bonistas y sus demandas de mayores recortes presupuestarios. Ya en mayo pasado, Moody’s rebajó la calificación de crédito de Puerto Rico y catalogó las perspectivas económicas del país como "negativas". Se estima que esta decisión le va a costar a Puerto Rico unos 10 millones de dólares extra en pago de intereses de los bonos que emitiera para financiar proyectos de infraestructura.

La deuda de Puerto Rico se eleva a más de 39 mil millones de dólares, un alza de 8 mil millones de dólares en los últimos dos años y medio. Ello ha llevado a la deuda per cápita del país a ubicarse por sobre la de economías tan cargadas de problemas como Argentina.

No obstante, Vilá insiste en que la calificación negativa por parte de las evaluadoras de bonos es culpa de la Legislatura por no aprobar el presupuesto para el próximo año. La Legislatura, por su parte, también baila al ritmo de Wall Street y es así que el 21 de noviembre aprobó una serie de medidas para generar más ingresos al gobierno. Entre ellas se incluye un impuesto general sobre el consumo, que sólo puede dañar aún más los bolsillos de los trabajadores.

La contraofensiva de SPU

El desolador panorama llevó a SPU a oponerse al plan de cesantías propuesto por el gobierno y formular una serie de exigencias, que fueron dadas a conocer, entre otros medios, a través de la radio y un anuncio a página completa en periódicos locales. Éstas incluían, entre otros puntos, un llamado a Vilá a "que derogue la orden ejecutiva" de reducción de la jornada laboral y que desistiera en sus intentos de "cuadrar un déficit de muchos años a costa de la clase trabajadora". Asimismo, se instaba a la Legislatura a tomar medidas para que "los evasores contributivos paguen", en directa alusión a la baja tributación de las grandes corporaciones. SPU también se dirigió a los directivos y gerenciales de las agencias de gobierno para que no ejercieran presión sobre sus miembros.

El último punto del comunicado apuntaba especialmente a los unionados de SPU, habiéndose eco de las palabras de Ortiz a Empleado Público en cuanto a que "los trabajadores no deben firmar ningún documento que acepte la reducción de la jornada de trabajo voluntaria u obligatoria" e invitándolo a "participar en las actividades auspiciadas por la unión".

Para leer más sobre problemas con gobernadores en los Estados Unidos, vea la página 14.