De la Seguridad al Temor

Por Clyde Weiss

Bicknell, Indiana

Rebecca Fowler apenas se está recuperando después de haber sufrido una operación en su tendón Aquiles el pasado febrero. Sin embargo, la enfermera práctica licenciada que tiene 50 años de edad ya enfrenta la agravante posibilidad de ser desubicada — económicamente hablando — por la administración del Gobernador Republicano Mitch Daniels.

Una de las 40 enfermeras que trabajan en la Facilidad Correccional del Valle Wabash, cercana a Carlisle, Fowler teme que el estado empleará un contratista privado para proveer servicios de enfermería para los más de 25,000 adultos y delincuentes juveniles en 34 prisiones en Indiana. Ella teme perder su salario y beneficios negociados por la unión — y tal vez aún su propio empleo — si eso ocurriera.

Ella es solamente una de los muchos empleados estatales que están en la misma situación de peligro. David Warrick, director ejecutivo del Concilio 62 de Indiana y un vicepresidente Internacional dice que el gobernador está considerando la privatización de un número de instituciones operadas por el estado, incluyendo algunas facilidades públicas de salud mental (donde la unión representa casi 3,000 trabajadores) y el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

Una Amenaza que se Avecina

Fowler tiene buena razón para preocuparse sobre su empleo. Como vicepresidente y enlace de la Unión Local 3731 (Concilio 62), ella presenció como los convenios de la unión — disfrutados por 25,000 empleados estatales por más de 15 años — desaparecieron en enero con un simple plumazo. En su primer día como gobernador, Daniels (ex director de la Oficina del Presupuesto en la Administración del Presidente George W. Bush) revocó los derechos de la negociación colectiva y canceló aquellos convenios.

"Se hundió nuestro animo", dice Fowler, una de las primeras enfermeras empleadas cuando el centro Wabash abrió sus puertas en 1992. Ella tenía conocimiento de las dificultades que sus colegas habían pasado debido a la privatización en Illinois. "Primeramente, nos ofrecerán salarios comparables. Entonces, cada dos años, tendremos que volver a re-aplicar por nuestras posiciones. Eso no quiere decir que nos las darán. Y, como una activista en la unión, yo siento que eso no ocurrirá".

Tiempos Difíciles

Fowler y su esposo, Steve, de 50 años de edad, no están en una posición económica que permita que sus salarios y beneficios declinen — o tampoco pueden darse el lujo de perder sus empleos. Rebecca actualmente no está trabajando mientras se recupera de su operación. Steve ha sido forzado a dejar su trabajo debido a un accidente y actualmente recibe una compensación por accidente de trabajo que le trae $200 por semana menos de lo que él normalmente gana.

Un recorte sustancial en el salario de su esposa, dice Steve, significaría serios "problemas en el pago de la hipoteca de la casa. Apenas estamos pagando lo mínimo ahora". Adicionalmente, "el seguro de salud de ella — que es nuestro seguro de salud — proviene de su trabajo".

Y si su empleo se privatiza, Fowler duda que sus actuales problemas de salud serían cubiertos por una nueva póliza. "Por lo menos", ella señala, la externalización "afectará nuestro seguro de salud". Y ella no podrá permanecer en el programa de la jubilación estatal.

Fowler escribió lo siguiente en una carta publicada en The Indianapolis Star: "La mayoría de las enfermeras empleadas en prisiones han planificado el cumplir con sus careras como empleados del estado. Las deprimentes noticias que recibimos indican que todos nosotros podríamos perder nuestros empleos".

Si su trabajo se privatiza, Fowler dice que ella seguirá pagando las cuotas sindicales y seguirá activa en su unión — continuando la lucha por los derechos de los trabajadores y prestando servicios a su concilio para recuperar el derecho a la negociación colectiva.