Controlando los Privatizadores
Los activistas de Correcciones Unidas — AFSCME están atemperando los impulsos hacia la privatización
Por Jon Melegrito
Cárceles privatizadas eran virtualmente desconocidas en América hasta principios de los 1990, y aun entonces solamente 47 facilidades privadas se podían encontrar en 16 estados. La tendencia hacia la desregulación y privatización comenzó ese movimiento y la fundación de la Corporación de Correcciones de América en 1983 le dió al mismo un gran impulso. Hoy día, 158 facilidades operadas por el sector privado funcionan en 30 estados y en el Distrito de Columbia.
En aquel entonces y ahora, la privatización es presentada como una manera de crear sistemas más baratos y eficientes. Pero la práctica a recibir seria y formidable resistencia. En la vanguardia de ese movimiento están los activistas de Alianza Correcional Unida de AFSCME, quienes sostienen que el encarcelamiento de delincuentes convictos es una responsabilidad pública.
En Puerto Rico, oposición a la privatización liderada por las uniones ha ganado apoyo generalizado durante los últimos siete años. Las principales cárceles en Bayamón, Guayama y Ponce regresaron al control público en 2001. Hoy día, todas las 52 facilidades en la isla están en manos del gobierno, excepto dos instituciones para juveniles en Rio Grande y Bayamón.
Cuando el entonces-Gobernador, Pedro Roselló vendió la compañía pública de teléfonos a una corporación americana en 1997, millares de trabajadores se fueron a la huelga en protesta. Alguna de las cárceles públicas fueron privatizadas durante su mandato. La siguiente administración de la Gobernadora Sila María Calderón las devolvó — porque el comprendió que ellas funcionan mejor en manos públicas. Y en las elecciones del año pasado, todos los tres partidos políticos adoptaron plataformas que se oponen a la privatización de las cárceles.
El Concilio 95 Servidores Públicos Unidos (SPU)/AFSCME ha comenzado una campaña a nivel de bases para mantener esas plataformas en vigor. Los miembros han abrumado a los legisladores con información sobre los peligros y costos ocultos que cárceles privadas le podrían causar al contribuyente.
"Antes que el gobierno asumiera el poder, nosotros teníamos serios problemas — inadecuado entrenamiento del personal, bajos salarios y baja moral," dice María Mauras, presidente de la Unión Local 3500. "Hoy día, nuestros oficiales de corrección están mejor entrenados. Nosotros solo hemos experimentado algunos incidentes de menor categoría involucrando a los prisioneros."
Los músculos de la política
De igual importancia significativa debemos señalar los esfuerzos de AFSCME para detener la privatización de las cárceles en estados tales como Illinois, Iowa y Connecticut. En 1995, el Concilio 31 emprendió una agresiva campaña de cabildeo para detener a la legislatura de Illinois en sus esfuerzos de adoptar legislación que hubiera privatizado las cárceles del estado. En 2002, el concilio luchó con éxito contra el Gobernador George Ryan (Republicano) en las cortes y a través de manifestaciones callejeras cuando éste trató de privatizar cientos de empleos en las cárceles estatales. AFSCME entonces básicamente redactó la ley de Illinois que declara "el encarcelamiento de delincuentes convictos ... una función inherentemente pública."
En Iowa, todas las nueve facilidades de corrección han estado siempre en el sector público y el Concilio 61 ha tenido éxito en derrotar recientes intentos de enviar prisioneros a cárceles privadas en Missouri. El Concilio 4 en Connecticut también esta flexionando sus músculos políticos para descarrilar intentos por parte del estado de privatizar los servicios de alimentación en la cárceles del estado.
