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Una Cuestion de Equidad Sencilla

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Activistas sindicales se unen a una campaña pro 'salarios dignos' para demandar mejores salarios para la pobre gente trabajadora

Por Jimmie Turner

A través de las décadas, el movimiento sindical ha presionado singularmente al Congreso para que adopte leyes — por ejemplo, aquellas relacionadas con el salario mínimo y pensiones — que se apliquen a todos los trabajadores, no solamente aquellos que son miembros de uniones. Y AFSCME contínua con ese noble legado de alcanzar justicia y prosperidad para disminuir la creciente brecha que existe entre los que tienen y los que no tienen.

De hecho, la Unión Internacional ayudó a promover lo que ahora es la campaña nacional a nivel de bases en pro del "salario digno." En 1996, AFSCME se unió a una coalición de defensores representando a familias trabajadoras en Baltimore para establecer la primera ley de salarios dignos en la nación.

Mujeres urbanas y minorías languidecen desproporcionadamente en el nivel más bajo de la escala salarial de la nación. Ellos constituyen una larga clase de trabajadores que no han prosperado dentro del boom económico de los 1990s, y actualmente están luchando más arduamente para poder sobrevivir, ya que la economía ha estado por la mayor parte sumida en una profunda caída desde el año 2000.

Los miembros de la unión están exentos de una mayoría de ordenanzas locales ya que — comparados con trabajadores que no tienen unión — ellos ya disfrutan de altos salarios y buenos beneficios. Por eso es que AFSCME y numerosos otros defensores ven su campaña como una obligación moral para levantar el estándar de entrada económica para cada trabajador en América. Su convicción: Los dólares que provienen de los impuestos no deberían ser utilizados para subsidiar los empleos al nivel de la pobreza.

Esta lucha también debe llevarse a Puerto Rico, donde la idea de un salario "digno" no ha hecha progreso. En las isla, casi todo de los empleos — menos principalmente trabajadores del campo — están cubiertos por la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA — por sus siglas en inglés), la ley federal del salario mínimo.

El poder político

Diez años atrás en Baltimore, conserjes — muchos de ellos con familias a quienes mantener — estaban apenas sobreviviendo con un salario de $5.50 por hora. AFSCME se unió al grupo llamado Ciudadanos de Baltimore Unidos en Liderato para el Desarrollo (BUILD — por sus siglas en inglés), el cual estaba asociado con iglesias locales, para ayudar a que se adoptara una ordenanza municipal que aumentó sus salarios a $6.10 por hora en 1996, $7.70 in 1999 y $8.20 en 2000. La nueva ley de salario digno ha forzado a empleadores del sector privado que reciben contratos o beneficios de impuestos por parte de la ciudad a pagar a sus trabajadores más de lo que requiere el mínimo salario federal.

"La Máquina Verde" de AFSCME utilizó su sólida amistad con el alcalde de Baltimore, Kurt Schmoke, y con Mary Pat Clarke, presidente del concilio municipal para que la ley fuera aprobada. Con un activo apoyo, la Unión Internacional había ayudado a propulsar lo que es ahora una campaña de salario digno a nivel nacional.

El decreto de Baltimore es el ejemplo de proyecto que siguen docenas de condados y ciudades Americanas. Algunas localidades han expandido el mismo y los resultados han sido sorprendentes. En 1997, legisladores en Los Angeles aprobaron la primera ordenanza que incluye costos del cuidado de la salud; seis años más tarde en Santa Fe, Nuevo México, funcionarios aprobaron una medida original que se aplica a todo el sector privado — no solamente aquellos que son contratistas municipales. San Francisco ha tomado acción similar.

En febrero 2003, el concilio municipal de Santa Fe por una mayoría abrumadora aprobó una ordenanza histórica. Esta ordena a todos los empleadores del sector privado con un mínimo de 25 empleados — lo cual obviamente incluye al mezquino empleador Wal-Mart — a que les pague a sus empleados $8.50 la hora, con un aumento a $9.50 en 2006 y $10.50 en 2008. Después de esa fecha, los salarios pueden ser ajustados por inflación usando el índice de precios al consumidor.

Ahora todos los estados, excepto siete, tienen ordenanzas de salario digno o campañas activas para lograr esa meta. Con tanta actividad en tantos estados, los empleadores encontrarán dificultad en eludir este tema a través de la reubicación de sus facilidades.

El poder político de los activistas de AFSCME está actualmente teniendo un gran impacto sobre otras campañas de salario digno. En mayo, el comité de reglamentos del concilio municipal de San Diego votó 3 a 1 para enviar la propuesta al concilio en pleno, el cual está a punto de tomar una decisión sobre una ordenanza. Joan Raymond, presidente de la Unión Local 127 de San Diego (Concilio 36), estima que la salida de esa medida del conservador comité de reglamentos fue el obstáculo más grande que se ha superado: "Ahora, debido a nuestros esfuerzos para elegir miembros del concilio que simpaticen con las uniones, nosotros estamos confiados en que tenemos suficientes votos para logar la adopción de esa ley."

En Santa Fe, donde los legisladores votaron 7 a 1 a favor de una ordenanza de salario digno, Carol Oppenheimer, co-presidente de la Red pro Salario Digno de la ciudad, nota que: "Nosotros tenemos un concilio municipal muy liberal, parcialmente debido al excelente trabajo que la AFSCME ha hecho en términos de involucrarse profundamente en el proceso electoral."

La oposición al salario digno de la ciudad tuvo como resultado que un veterano senador estatal perdiera su posición en la legislatura: el Demócrata Román Maes, quien representa el distrito 25 de Santa Fe, fue derrotado en las elecciones primarias del partido el pasado junio después de 20 años de servicio.

Luchadoes contra la pobreza

En ambas de estas ciudades — donde el costo de vida y la brecha entres los ricos y los pobres son más altos que el promedio nacional — miembros simpatizantes de AFSCME se han unidos a los esfuerzos de levantar el piso del salario para todas las familias trabajadoras.

Declara Raymond, residente de San Diego: "En cada oportunidad que que se presenta para reunirme con el concilio municipal, yo levanto la cuestión del salario digno y la subcontratación de nuestro trabajo. Es algo bien ridículo: Ellos están utilizando dólares de los contribuyentes al fisco para enviar empleos a empresas que están explotando a los trabajadores pagándoles salarios a nivel de pobreza — en una ciudad donde el precio promedio de casas de vivienda es de $500,000."

Varios de sus colegas sindicales se unieron a la Coalición de San Diego para el Salario Digno — establecido por el Centro de Iniciativas Políticas — para forzar a los legisladores a que aprueben una ordenanza que pagaría $9 por hora, aumentado el salario a $10 la hora después de un año, para los trabajadores de empresas privadas que proveen servicios municipales.

Activistas de la Unión Local 127 de AFSCME, iglesias, del sector comercial, y universidades y colegios han repetidamente realizado manifestaciones en la Plaza Centro Cívico — donde se reúne el concilio municipal de la ciudad — a fin de levantar la consciencia del público a favor de un salario digno. "Ciertamente hay un precio moral a ser pagado cuando se promocionan los salarios más bajos por trabajo que, en primer lugar, debería estar siendo realizado por empleados de la ciudad," insiste Raymond. "¿Como puede la ciudad, en buena consciencia, promover empleos que pagan $7 por hora en uno de los lugares más caros para vivir en términos de vivienda y los altos precios de la gasolina?"

Ningún lado a donde correr

En Santa Fe, Robert Chávez puede ver que muchos residentes de baja entrada económica enfrentan un dilema: Ya que ellos no pueden darse el lujo de vivir en la ciudad, se ven forzados a tener que mudarse a lugares tan lejos como 50 millas de la ciudad, y viajar todos los días esa distancia para ir a trabajar. Añádale el costo de la gasolina y el desgaste que sufren sus vehículos, y su situación se torna aun más grave. Dice Chávez, presidente de la Unión Local 3999 (Concilio 18), "Es como el proverbio ‘Catch-22’: Usted no puede ganar sin primero perder."

En 2001, la Red del Salario Digno de Santa Fe fue inaugurada. Esta consiste de amigos del sindicalismo, iglesias locales y el grupo Somos un Pueblo Unido, que representa a trabajadores inmigrantes.

Carol Oppenheimer evoca el llamado en favor de la justicia: "Factores económicos estaban creando una brecha mayor aun entre los muy ricos y los muy pobres en nuestra comunidad. Había un sentido de que si tuviéramos un estándar de vida decente para todos, esto vendría a beneficiar a todos los trabajadores."

Además de testificar ante el concilio municipal, los socios de la coalición enviaron panfletos, sostuvieron manifestaciones en frente del alcaldía, patrocinaron paradas públicas desde las iglesias hasta los parques y al centro de la ciudad, y abiertamente discutieron el tema con aquellos que tuvieran interés.

Desafiados por la ordenanza del 2003, la cámara local de comercio y algunos de los magnates del sector comercial presentaron una demanda judicial en las cortes oponiéndose a la ordenanza, llamándola de inconstitucional. En junio, un juez estatal de distrito fallo en contra de ellos y la medida entró en vigor de inmediato. Dice Chávez: "Hoy hay mucha gente feliz."

No exactamente

Críticos del concepto del salario digno mantienen que aumentando los salarios para este propósito contribuirá a la inflación, aumentará el desempleo y/o forzara a empleados a reubicar sus operaciones en otras comunidades. Los economistas laborales disputan esas teorías.

Jared Bernstein del Instituto de Política Económica ha compilado información que demuestra que no hay evidencia de perdidas de empleo, mientras que cita estadísticas probando que los aumentos en el costo de las ciudades que adoptan reglas de salarios dignos son más bajos que el promedio de inflación. "Las ordenanzas también han tenido el potencial de contrarrestar la destructiva carrera hacia el fondo, a medida que ciudades tratan de socavarse entre si," él explica.

Bernstein concluye en general que los salarios dignos representan "exactamente lo que el médico ha ordenado para contrarrestar algunas de las negativas tendencias económicas que afectan a los trabajadores de bajos salarios. Estas fuerzan alguna redistribución de recursos económicos a esos botes que no han sido levantados por la creciente marea económica, y esto lo hacen sin crear distorsiones en la economía local."

Sin embargo, Raymond dice que mucho más trabajo aun tiene que ser hecho para que todos los trabajadores puedan recibir su porción de la prosperidad de la nación: "Hay aun mucha gente que ni siquiera sabe que esto esta sucediéndole a los trabajadores, y es nuestra función el educar a los mismos.

"Esto es lo que significa esta campaña del salario digno: sacar a la gente de la ignorancia sobre como la fuerza laboral esta siendo explotada."