La Ardua Lucha por el Regreso al Trabajo
Por Gonzalo Baeza
Los empleados publicos de Puerto Rico vivieron dos semanas de extrema tension a comienzos de mayo. El cierre patronal que cesanteo temporalmente a cerca de 95,000 personas fue el punto mas grave de una crisis fiscal en cuya solucion Servidores Publicos Unidos cumplio un rol protagonico.
 SPU TOMO LAS CALLES - Una ola naranja inundo las calles de San Juan cuando los miembrosde SPU salieron a marchar y exigir el regreso al trabajo. |
Puerto Rico vivió una de las crisis más profundas de su historia cuando el gobierno decidió en mayo pasado cesantear a cerca de 95,000 empleados públicos. ¿El motivo? La falta de fondos para financiar el presupuesto del año fiscal 2006, período que concluyera en junio. Servidores Públicos Unidos (SPU)/ AFSCME Concilio 95, se vio en el ojo de la tormenta cuando cerca de 19 mil de sus miembros perdieron temporalmente sus empleos. La acción mancomunada, el activismo en las calles y los medios de comunicación y un intenso cabildeo evitaron que dicha medida fructificara. No obstante, las dos primeras semanas de mayo serán recordadas como un período tanto de lucha como de incertidumbre por los miles de servidores públicos que fueron puestos en la calle tras la oficialización del cierre patronal por parte del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá.
“Tenemos que sentirnos orgullosos por habernos enfrentado con valentía y tesón a esta situación donde se pusieron en riesgo el sustento de más de 95,000 empleados públicos de nuestro país”, dijo el Presidente de SPU, Ellie Ortiz, en alusión al acuerdo con que a partir del 15 de mayo se devolvió al trabajo a los cesanteados. “Este triunfo en la lucha por seguridad de empleo es de todo el pueblo de Puerto Rico que gritó en cada rincón su indignación ante este cierre arbitrario y totalmente injustificado”.
EL TRASFONDO DE LA CRISIS. La prensa, sobre todo la extranjera, ha pretendido hacer creer que la crisis presupuestaria de Puerto Rico se debió exclusivamente a una pelea entre el Ejecutivo (en manos del Partido Popular Democrático, PPD) y el Legislativo (controlado por el Partido Nuevo Progresista, PNP). En gran medida, las recientes disputas de poder se remontan al origen del así llamado “gobierno compartido”, cuando en noviembre del 2004 Aníbal Acevedo Vilá del PPD venció en las elecciones para la gobernación al actual senador del PNP, Pedro Rosselló, ex-gobernador de Puerto Rico de 1992 al 2000. Dado que el margen de su victoria fue extremadamente estrecho (menos de 4,000 votos), la situación se prestó para una disputa en tribunales hasta que un mes más tarde el Tribunal Supremo certificara a Acevedo Vilá como ganador.
A pesar de la derrota, el PNP obtuvo una mayoría en la Legislatura por lo que ambos partidos han debido compartir el poder en medio de agrias disputas. Una de ellasresultó en la inhabilidad de las autoridades para aprobar un presupuesto para el año fiscal 2005-06, lo que se tradujo en que durante todo ese período la administración de Acevedo Vilá operara con el presupuesto del año anterior.
Pero si bien es cierto que los problemas entre el PPD y el PNP jugaron un rol en la crisis, el asunto tiene un trasfondo más amplio. De acuerdo con cifras del Banco
 SACANDO LA CARA - Las mujeres de SPU fueron protagonistas a la hora de defender los derechos de los servidores publicos. |
Gubernamental de Fomento, la deuda pública del Gobierno Central aumentó en más de un 60 por ciento durante el período entre los años 2000 y 2005. Mientras que el año 2000 la deuda ascendía a $26,183 millones, a fines del 2005 ya había llegado a la exorbitante cifra de $42,448 millones. La deuda incluye al gobierno, los municipios, la Autoridad de Edificios Públicos y las corporaciones públicas.
Por si fuera poco, gran parte de estas obligaciones está en manos de los bonistas, los poseedores de títulos de deuda de Puerto Rico que al igual que las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, exigen recortes presupuestarios, privatizaciones y un gobierno reducido. Acevedo Vilá ha accedido a estas exigencias y ya el año pasado intentó infructuosamente reducir el número de empleados públicos así como la jornada semanal de trabajo, ataque que fue repelido por SPU (ver Empleado Público, Invierno 2006). A esto se suma el alza de servicios como la luz y el agua, la que tan sólo en julio experimentó un aumento de 38 por ciento en la factura mensual y una inflación que en el 2005 llegara al 13.6 por ciento según en Informe Económico al Gobernador de la Junta de Planificación.
Es así como en febrero la agencia calificadora de riesgo Moody’s de Wall Street amenazó con degradar la calificación de la deuda puertorriqueña. Ello significa en la práctica que el país tendría más dificultades para acceder a dinero en los mercados.
PUERTO RICO GRITA. Fue en este contexto que, a principios de abril, Acevedo Vilá comenzó a amenazar con un cierre gubernamental para enfrentar los
 MARCHA A LA VICTORIA - Los hombres y mujeres de SPU apoyaron incansablemente las actividades organizados por la union. |
meses de mayo y junio argumentando la falta de dinero, incluidos los salarios de los empleados públicos. El gobernador solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo de emergencia de $500 millones, el que el gobierno pagaría con parte de los recaudos del nuevo impuesto sobre las ventas.
La propuesta fue denegada por lo que Acevedo Vilá ordenó el cierre de 45 agencias gubernamentales a partir del 1ro de mayo. La medida, además de implicar el envío de empleados públicos a la calle, también afectó a cerca de 575,000 alumnos de las cerca de 1,600 escuelas que dejaron de funcionar. Al parecer, el gobierno no se percató de la ironía de ordenar el cierre para el Día Internacional del Trabajador.
Diversas organizaciones sociales y sindicatos formaron parte el 28 de abril de la marcha “Puerto Rico Grita”, la cual convocó a más de 45,000 mil personas en protesta por la falta de resolución tanto del Ejecutivo como de la Legislatura. SPU había iniciado la campaña horas antes con una marcha en la Milla de Oro con el fin de instar a entidades como la Cámara de Comercio y los grandes bancos a intervenir en la crisis.
UN DOLOROSO DIA DE LOS TRABAJADORES. La inhabilidad para llegar a un acuerdo por parte de los partidos políticos, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, llevó finalmente al cierre patronal. Cerca de 95,000 empleados públicos fueron cesanteados.
 LUCHA, FUERZA, RESULTADOS - Los militantes de SPU vistieron con orgullo el color naranja que caracteriza a la union y llevaron en alto el nombre del Concillo 95. |
No obstante, la unión no perdió tiempo en organizar a su gente e interceder ante las autoridades. Ya el 3 de mayo, los líderes del sindicato se reunieron con el Presidente del Senado, Kenneth McClintock, para discutir la Plataforma Política de SPU, la cual contiene los lineamientos básicos de una reforma fiscal y gubernamental. Al mismo tiempo, la unión comenzó a difundir circulares a sus miembros para mantenerlos al día tanto de las actividades de SPU como de la crisis fiscal.
Tras una semana de movilizaciones populares, las autoridades acordaron el 8 de mayo la creación de un Comité de Consenso compuesto por cuatro ciudadanos escogidos por el Ejecutivo y los Presidentes de ambas ramas del Legislativo. La iniciativa ya había sido sugerida en su momento por SPU.
Las agencias clasificadoras de riesgo aprovecharon el momento más agudo de la crisis para asestar un golpe. Ese mismo día, Moody’s degradó la cuarta parte de la deuda de Puerto Rico a categoría de chatarra. Considerando que el país pide prestados
entre $4,000 millones y $6,000 millones al año para la construcción de escuelas y obras públicas, conseguir dinero en los mercados internacionales se haría cada vez más difícil.
LA CRISIS IMPACTA A LOS MIEMBROS. El cierre duró dos semanas, pero para muchos fue eterno. Es el caso de Serrano, tesorera de la Local 3889 de SPU en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien junto a su hija de 9 años se enfrentó al prospecto de no tener cómo pagar su hipoteca y vivir sin mayores ingresos.
“Ya que recibo una pensión alimentaria de $70 semanales para mi hija, el primer día del cierre no tuve que salir corriendo a coger desempleo y cupones como
 SPU DICE "PRESENTE" - La membresia hizo sentir su presencia en las calles de San Juan durante las dos primeras semanas de mayo. Multiples marchas, conferencias de presensa y anuncios en los medios caracterizaron la ofensiva de SPU mientras sus lideres se reunian a toda nivel para contribuir a lograr una solucion al problema fiscal de la Isla. |
muchos compañeros”, dice Serrano, quien participara de las movilizaciones organizadas por SPU.
Durante las dos semanas de crisis, cerca de 95,000 personas recurrieron al Seguro de Desempleo mientras que el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) fue aprobado en cerca de 40,000 casos.
“Aunque no tengo dinero ahorrado, en un principio no tuve esa necesidad. Pensé que me iba a dar con lo que tenía en el refrigerador y lo que compro con mi pensión cada semana”, agrega Serrano, quien creyó que por el momento no tendría que ser parte de las “largas filas del desempleo que presentaba la televisión”.
Las imágenes del cierre así como de las marchas de SPU y otras uniones recorrieron el mundo. “En la unión somos muy militantes y participamos de estas actividades”, dijo Serrano. Sin embargo, fueron estas noticias las que llevaron a familiares suyos en Estados Unidos a ofrecerle dejar la Isla.
“Mantuve el control todo el tiempo, pero cuando mi familia me llamó desde Estados Unidos para decirme que en última instancia me fuera para allá, ahí fue que rompí en llanto. Cuando caí en cuenta que la crisis estaba llegando a una audiencia fuera de Puerto Rico, me dije ‘Dios mío, estamos mal’”.
Como muchas otras personas, Serrano había pensado que la crisis se resolvería de forma más expedita.
“Me fui desesperando a medida que se acercaba el día para pagar la hipoteca de la casa, la cual se paga los 15 y los 16. Lo mismo ocurre con los automóviles”, dijo. Serrano decidió ir al banco para no caer en morosidad en el crédito. Su esperanza, como la de otros empleados públicos en situación similar, era la de conseguir una moratoria hasta volver a tener ingresos. A pesar de las difíciles circunstancias que atravesaba, la única alternativa que le ofrecieron fue firmar un nuevo plan de pago y cargos extra por intereses.
“Ahora tengo que pagar por culpa de la mala administración del gobierno de Puerto Rico”, concluye.
LA LUCHA PROSIGUE. A pesar de las presiones de los bonistas, el Comité de Consenso anunció el 10 de mayo sus recomendaciones, las cuales fueron aceptadas por las partes en conflicto. En definitiva, el Banco Gubernamental de Fomento se comprometió a realizar un préstamo de $741 millones. Su repago será el 1 por ciento del impuesto a la venta recientemente aprobado por la Legislatura, el cual entra en vigor el 15 de noviembre. La iniciativa es parte de la reforma contributiva aprobada recientemente, la cual contó con el apoyo de SPU dada la imperiosa necesidad que hubiesen fondos para pagarle a los empleados públicos.
Para el Director Fundador de SPU, José La Luz, “la reforma debe proveer recaudos adicionales que permitan, en el paso del tiempo, lograr los dos objetivos que para nosotros son fundamentales. Primero, el financiamiento adecuado de la gestión del Estado, el que incluye la remuneración de la gente nuestra y la negociación de aumentos salariales en los convenios. En segundo
lugar, que efectivamente hayan alivios contributivos para las familias trabajadoras. Por ambas cosas vamos a luchar”.
Pero más allá de la solución temporal de la crisis, SPU aún debía velar por los intereses de sus miembros. Ese mismo día, se anunció que los empleados públicos regresarían a sus trabajos el 15 de mayo y, más aún, se les pagaría la quincena en que no pudieron trabajar. La firma de la resolución 1485 que autorizaba el pago a los trabajadores cesanteados sin cargo a licencia selló dicho acuerdo previo a la reincorporación de los empleados públicos.
El trabajo de SPU y otras uniones probó ser vital para conseguir que se restituyeran los derechos de los empleados cesanteados. No obstante, aún quedaba mucho trabajo por hacer y, tal como advirtiera Ellie Ortiz, no era el momento de cantar victoria.
“Debemos mantenernos alerta. Continuamos haciendo foros y discusión sobre la reforma contributiva. Debemos seguir educando a nuestra membresía e indicarles cuáles fueron los logros que obtuvimos”, agregó, consciente de la ardua lucha que queda por librar.
