La Reforma Contributiva y los Nuevos Desafios de SPU
La reforma contributiva de Puerto Rico es solamente el comienzo de grandes cambios a nivel gubernamental. SPU, en representacion de sus mas de 25,000 miembros, insiste que su voz se oiga en este proceso.
LA UNION HACE LA FUERZA – Lideres de diversas organizaciones marcharon junto a SPU
con un claro mensaje para el gobierno de Puerto Rico
Por Gonzalo Baeza
La reciente crisis que vivió Puerto Rico fue sólo un capítulo de un proceso más profundo en el que Servidores Públicos Unidos (SPU)/AFSCME Concilio 95 ha sido un actor fundamental. Después de lograr el regreso de los empleados públicos cesanteados a sus respectivos trabajos, la unión no bajó la guardia y de inmediato inició el cabildeo para asegurarse que tanto el presupuesto para el nuevo año fiscal como la reforma contributiva fueran aprobadas cuanto antes.
SPU apoyó asimismo la creación de un Impuesto sobre la Venta y el Uso (IVU), el que permitirá al gobierno obtener mayores recaudos tanto para financiar el presupuesto como para cumplir con los convenios colectivos.
“Avalamos el impuesto, pero condicionado a la seguridad de empleo en el gobierno y alivios contributivos sustanciales para la clase trabajadora del país”, dijo el Presidente de SPU, Ellie Ortiz.
Las últimas semanas de junio fueron claves para que finalmente la Legislatura aprobara ambas iniciativas: un presupuesto de $9,448 millones para el año fiscal 2006- 07 y
 UN MENSAJE PUERTE Y CLARO - Ellie Ortiz, presidente de SPU, lleva un letrero junto a otros lideres de uniones y movimientos sociales, el cual dice: "Basta ya de Abusos" |
la Ley de Justicia Contributiva de 2006. Esta última instaura un IVU o “sales tax” de 7 por ciento, el que se divide en un 1.5 por ciento correspondiente al impuesto municipal y un 5.5 por ciento restante a ser recaudado por el Departamento de Hacienda a partir del 15 de noviembre. El IVU puede crecer en un punto porcentual a partir de enero del 2007 en caso que el gobierno determine que no se han obtenido los recaudos esperados.
“Nosotros como organización estuvimos de acuerdo con la propuesta de un ‘sales tax’ de 7 por ciento porque entendíamos que era la que traía los recaudos suficientes”, dijo Ortiz.
BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. Entre los logros más destacados de SPU tras el cierre patronal figura el intenso y exitoso cabildeo para obtener el pago de $1,200 adicionales para los 8,000 empleados del Departamento de la Familia. El dinero corresponde al pago de una cláusula pendiente del convenio colectivo.
“Gracias a nuestra militancia y cabildeo en la Legislatura y en el Ejecutivo conseguimos una asignación especial con nombre y apellido para obtener este dinero que se debía y que se supone fuera efectivo de junio 2005 a julio de 2006”, comentó Ortiz. “Conseguimos lo que Familia no quiso dar”.
Los fondos provienen de la aprobación de una partida especial del presupuesto, la que asciende a $8.9 millones y contempla el pago retroactivo de $100 por 12 meses.
 MIEMBROS ENTUSIASTAS - Las integrantes de SPU participaron entusiasta- mente de las manifestaciones en contra del cesanteo de 95,000 empleados publicos. |
"Aparte de eso, se consiguieron $26 millones de una partida adicional donde se va a abonar a los convenios ya negociados de junio”, agregó Ortiz. Estos fondos cubrirán los salarios por convenio colectivo de la Administración de Rehabilitación Vocacional así como de otras agencias. Adicionalmente, se obtuvieron otros $330,000 para honrar parcialmente el acuerdo de convenio con la Comisión de Servicio Público.
ALIVIOS PARA LOS TRABAJADORES. “Recomendamos alivios contributivos a través de la Legislatura para que estos fueran contemplados en el presupuesto ampliado de $9,488 millones. Son alivios que si se hacen realidad evitarían la doble tributación”, comentó Ortiz en alusión al hecho que las nuevas medidas podrían compensar el impacto del nuevo impuesto.
Si bien se aprobaron los alivios, estos entrarían en efecto del 2008.
“Se aprobó una reforma que si bien no era la ideal al menos contiene alivios a los asalariados”, comentó el Director Fundador de SPU, José La Luz.
La nueva ley ofrece $705 millones en alivios contributivos en dos años, los que apuntan principalmente a la clase media asalariada. Según cifras del Departamento de Hacienda, el efecto fiscal de los alivios para los cerca de 975,000 contribuyentes de Puerto Rico será de $380 millones para el año contributivo 2007 (cuyas planillas se radican el 2008) y $325 millones para el año contributivo 2008 (cuyas planillas se radican el 2009).
Aproximadamente la mitad de estos alivios (unos $352 millones) es producto de la reducción del número de escalas contributivas de cinco a cuatro (ver recuadro). Las nuevas escalas tendrán una tasa de 7 por ciento para ingresos sujetos a contribución de hasta $17,000; 14 por ciento para ingresos entre $17,000 y $30,000; 25 por ciento para ingresos entre $30,000 y $50,000 y 33 por ciento para los ingresos sobre $50,000.
 FUERZA EN LAS CALLES - Las columnas de miembros de la union mostraron una imponente imagen. |
El beneficio mayor iría para los asalariados que ganen entre $15,000 y $30,000 anuales, quienes constituyen el 80 por ciento de los contribuyentes.
Junto con estas medidas, la nueva ley contempla una reducción a la penalidad al matrimonio que permite radicar las planillas por separado. De esta misma forma, el año 2008 se aumentará la exención por dependientes de $1,600 a $2,500. En el año contributivo 2004, cerca de 504,000 contribuyentes reclamaron la deducción por dependientes, por lo que se proyecta que este alivio tenga un impacto significativo.
PUERTO RICO INC. A pesar que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá firmó la nueva ley de reforma contributiva el 4 de julio pasado, la casa acreditadora Moody’s mantuvo a fines de ese mismo mes la clasificación del crédito de la Isla apenas un nivel más arriba de lo que se conoce como chatarra. El mensaje de los bonistas fue claro: Puerto Rico debe reducir el tamaño del gobierno. Es decir, seguir en la senda privatizadora y atentar en contra de la calidad de vida y los trabajos de los servidores públicos.
Supuestamente avaladas por la realidad de las cifras económicas, las recomendaciones de los bonistas esconden sin embargo dos graves errores.
Mucho se ha hablado del “gigantismo gubernamental” que agobia a Puerto Rico. Estos mismos críticos ignoran que en la última década la nómina de empleados del gobierno ha disminuido, de aproximadamente 248,000 en 1996, a cerca de 224,000 hoy en día. ¿Cómo puede alguien hablar honestamente de gigantismo cuando las cifras del Censo confirman una reducción de 24,000 empleos (un 9.5 por ciento) en la última década?
A la hora de discutir sobre los salarios de los empleados públicos, también se suele hablar de “recortes necesarios”. No obstante, ello implicaría invalidar los acuerdos alcanzados en las negociaciones colectivas bajo la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico” — también conocida como la Ley 45 — la que fuera aprobada el 25 de febrero de 1998.
Las recomendaciones de los bonistas cuentan con adherentes en el propio gobierno, como es el caso del Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, quien ha caracterizado a la Isla como “Puerto Rico Inc.”. Tal como declarara a pocos días de asumir su puesto, el gobierno es “una gran corporación” en la que él sería el “presidente de la parte administrativa”. Es por ello que Silva Puras anunció a fines de junio que se tomaría 100 días para evaluar “concienzudamente” las funciones de las 138 agencias de gobierno, sin descartar reducciones de personal.
LA REFORMA GUBERNAMENTAL. Para que Puerto Rico despegue finalmente de su crisis se requieren más medidas que la adopción de un impuesto a las ventas.
 ACCION Y DISCIPLINA - Nuestra miembros demonstraron que la accion conjunta produce resultados. |
“Lo que llamamos una reforma no es solamente un conjunto de leyes que van a recaudos”, explica Ortiz en alusión a los nuevos desafíos que esperan a la Isla.
Con una tasa de desempleo oficial que bordea el 11 por ciento y llega a más del 20 por ciento en el caso de la población de 16 a 29 años, queda mucho por hacer. De acuerdo con un reciente informe de la Compañía de Comercio y Exportación, las ventas al detalle en Puerto Rico cayeron un 5.7 por ciento en abril, la primera baja que se registra en años. Si se considera que dichas cifras se registraron antes del cierre del gobierno en mayo, se puede ver que la crisis ha afectado el bolsillo de los puertorriqueños considerablemente.
Este clima económico, sumado a las presiones de los bonistas, llevó al gobierno a firmar en mayo un acuerdo con la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico para diseñar una reforma gubernamental y mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos.
Ante la amenaza de una reestructuración vertical de las agencias gubernamentales, SPU cree que son los trabajadores los que mejor conocen su funcionamiento y por lo tanto los que más pueden aportar a la discusión.
“No hemos bajado la guardia. Esto va a continuar y nos aseguraremos que en primer lugar las unidades apropiadas no se afecten y segundo que tengamos participación en la reforma gubernamental”, dijo Ortiz.
“Toda discusión de reforma debe incluir a SPU y otras organizaciones sindicales”.
