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Vigilancia de la Privatización


DIGA NO | Los miembros del Concilio 62 que son empleados de la Universidad de Indiana en el recinto de Bloomington se unieron a otros activistas en enero para protestar en contra de las amenazas de externalización de sus trabajos.
Foto: Georgia Perry/Indiana Daily Student

Los privatizadores de nuestro país son cada vez más agresivos en sus intentos de apropiarse de los servicios públicos. En este espacio le informamos sobre los esfuerzos de los miembros de AFSCME para frenarlos.

Las Organizaciones Afiliadas de AFSCME Contraatacan

Los políticos en todo el país están tratando de transferir los puestos del sector público a las empresas privadas, pero AFSCME sigue contraatacando.

En Wisconsin, las última navidad se presentaba sombría para unos 130 empleados de bajos ingresos del Condado de Milwaukee—en su mayoría de la Local 882 (Concilio 48)—quienes recibieron avisos de despido del director ejecutivo del Condado, el que apoya a los privatizadores.

En noviembre pasado, el Concilio 48 fue a arbitraje para lograr un acuerdo por un nuevo convenio de cuatro años que cubría a más de 3,600 empleados del condado. Los supervisores habían aprobado previamente un presupuesto que habría eliminado—y externalizado—los puestos de aproximadamente 130 trabajadores que limpian el edificio de la corte y el personal de seguridad que opera los detectores de metales.

El condado estaba usando la amenaza del presupuesto “como un arma económica para obligarnos a aceptar su oferta final”, dice Richard Abelson, director ejecutivo del Concilio 48. El concilio contraatacó y persuadió a un juez del Tribunal de Circuito para que emitiera una orden judicial temporal prohibiendo todos los despidos hasta que la corte llevara a cabo una audiencia el 27 de diciembre.

Un día antes de la audiencia, el condado se dio por vencido. Los funcionarios principales acordaron no despedir a los empleados ni privatizar sus trabajos. En enero, los miembros de la unión votaron, en abrumadora mayoría, a favor de la ratificación del nuevo convenio, que pone por escrito las promesas e incluye el equivalente de un aumento de sueldo del 2 por ciento anual, retroactivo al año 2005 y que se extiende hasta 2008.

Un Vistazo a los Privatizadores de Nuestro País

Un frío día de enero, casi 200 manifestantes de Indiana—incluidos miembros del Concilio 62—se manifestaron contra la posible externalización de los servicios en el recinto de Bloomington de la Universidad de Indiana. La unión, que representa a cerca de mil empleados de la universidad, está tratando de impedir la privatización de los puestos de unos 75 conserjes representados por AFSCME que trabajan en la librería y con la flota de vehículos. Los manifestantes recolectaron firmas para una petición llamando a la Junta Directiva de la universidad a que “ponga fin a todos los intentos de externalizar los puestos de la Universidad de Indiana”. Dave Warrick, vicepresidente Internacional de AFSCME y directora ejecutiva del Concilio 62, se dirigió al público: “Es una vergüenza que la Universidad de Indiana siquiera piense hacerle esto a empleados que le han ­­sido leales a esta institución. ¡Pero no lo vamos a aceptar!”

En diciembre, el estado de Colorado canceló formalmente un contrato con el grupo GEO (anteriormente conocido como Wackenhut), con base en Florida, para construir una cárcel privada de preliberación para 500 presos estatales en Pueblo. ¿Cuál fue el problema? No sólo que la empresa privatizadora ­fracasó en su intento de comenzar la construcción desde que ganó el contrato en 2003 (debido a que se tuvo que enfrentar a la oposición local y a problemas de zonificación), sino también exigió cambios al acuerdo después de haber ganado el contrato. No obstante, la empresa se jacta en su sitio web que, comparado con la construcción pública, GEO puede ahorrar “aproximadamente entre el 20 por ciento y el 30 por ciento” en la construcción de cárceles mediante un “enfoque basado en un proceso acelerado de ­diseño y construcción, respaldado por un contrato totalmente garantizado, firme y de tarifa fija”. ¿Contrato firme? ¿Proceso acelerado? ¿Tarifa fija? Los funcionarios de Colorado ya aprendieron.

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