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Conclusión

El caso contra la privatización de cárceles está bien claro. El incentivo de las ganancias no mejora el manejo de la prisión ni le ahorra dinero al contribuyente. La privatización de cárceles beneficia solamente a las corporaciones y a sus accionistas. Mientras tanto, a los contribuyentes se les engaña con la promesa de empleos y de ingresos impositivos que con demasiada frecuencia no se convierten en realidad. La reducción de costos con el fin de lograr ganancias crea condiciones peligrosas tanto dentro como fuera de la prisión. La constante renovación del personal resulta en cárceles sin suficiente personal y con empleados sin entrenamiento. A medida que aumenta la evidencia, el público empieza a rechazar la idea de entregar esta responsabilidad fundamental del gobierno a las corporaciones con fines de lucro.

Una encuesta comisionada por AFSCME y realizada en agosto de 1999 por la renombrada firma de investigadores de Lake, Snell, Perry y Asociados confirmó el creciente escepticismo de la nación respecto a las cárceles con fines de lucro. La encuesta solicitó respuestas de una muestra de 800 probables votantes. La misma indicó que el 51 por ciento se oponía a la idea de privatizar las cárceles de la nación. La encuesta indicó que los votantes se oponían a las cárceles con fines de lucro porque pensaban que las cárceles manejadas por los gobiernos hacen una tarea mejor en la rehabilitación de presos, porque cumplen mejor sus responsabilidades, y porque hacen una mejor tarea en cuanto a la protección de la seguridad pública. Piensan que las cárceles con fines de lucro "hacen trampas", no cumplen a cabalidad con los procedimientos debidos.

AFSCME ha seguido de cerca los antecedentes operativos de las firmas con fines de lucro desde que empezaron a crearse. Nuestros miembros saben que las cárceles deben contar con funcionarios y administradores profesionales y juramentados, dedicados a proteger la seguridad pública, y no con peces gordos de corporaciones, que están sometidos a los intereses de los accionistas. A medida que luchamos con los grandes desafíos con que se enfrenta nuestro sistema penal de justicia, debemos tener en cuenta que la responsabilidad por el sistema recae en última instancia sobre el gobierno. Esa responsabilidad es demasiado importante para dejarla en manos de una entidad que existe solamente para producir ganancias.

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