Publications

El Historial de las Cárceles Privadas No Indica que Sean Significativamente Más Económicas

Dos son los factores primarios que orientan la mayoría de las decisiones de privatizar los establecimientos penitenciarios: la necesidad de aliviar el hacinamiento y de ahorrar el dinero de los contribuyentes. Los proponentes de la privatización de las cárceles sostienen que las firmas con fines de lucro pueden manejar las cárceles más económicamente que el gobierno. Las compañías prometen regularmente que obtendrán ahorros de entre 15 y 20 por ciento. En realidad, la promesa de los ahorros resulta ser una gran exageración. Numerosos son los estudios que indican que hay poca o ninguna diferencia entre los costos relacionados con los establecimientos penitenciarios públicos y los que funcionan con fines de lucro. A continuación se describen varios de estos estudios:

  • En 1999 investigadores de la Universidad de Cincinnati analizaron 33 evaluaciones de rentabilidad, realizadas por 24 estudios comparativos independientes sobre las cárceles manejadas por el gobierno y sobre las privatizadas con fines de lucro. Los resultados revelaron que las cárceles privatizadas no son más rentables que las que maneja el gobierno, y que otras características institucionales tales como el tamaño de los establecimientos, su antigüedad y el nivel de seguridad, eran los indicadores más significativos del costo diario de la prisión. 17
  • En septiembre de 1999, en la Cuarta Conferencia Anual de Privatización de Establecimientos Penitenciarios, Dennis Cunningham, administrador de cárceles privatizadas del Departamento de Cárceles de Oklahoma, presentó datos comparativos de costos de las cárceles privatizadas y de las públicas en Oklahoma. El análisis mostró que en 1999 el costo promedio de alojamiento de un preso en una prisión del gobierno en dicho estado — $41.57 por día — era menos que el costo de alojamiento de un preso en cualquiera de las cárceles de propiedad privada del estado. 18
  • El Procurador General recibió un mandato del Congreso para estudiar la privatización penitenciaria, incluyendo un análisis de su rentabilidad. El estudio del año 1998 llegó a la conclusión de que los datos disponibles no mostraban grandes evidencias de ningún patrón general. Lo que es más, las conclusiones sobre los costos relativos de las cárceles públicas en comparación con las privatizadas están basadas en una muestra pequeña y anticuada. 19
  • En 1998, la Legislatura del estado de Tennessee comparó el costo de encargarle el manejo de uno de sus establecimientos a una compañía, con el costo de manejar dos cárceles estatales comparables. El estudio mostró poca diferencia en los costos totales entre las tres cárceles. Sin embargo mostró que CCA generó un 2 por ciento de ganancia pagándoles a sus empleados casi $2 millones menos en concepto de salarios anuales y beneficios, en comparación con lo que recibían los empleados estatales. 20
  • La Oficina de Responsabilidad Gubernamental y de Análisis de Políticas de Programas de la Oficina Estatal del estado de Florida (OPPAGA) (Florida State Office of Program Policy Analysis and Government Accountability) realizó un estudio comparativo de los costos de los Establecimientos Penitenciarios de Bay de CCA y de la Cárcel Estatal de Lawtey, correspondiente al año fiscal 1996-97. Dicha comparación mostró que el costo diario de Bay era de $46.08 mientras que el de Lawtey, era de $45.98. Las instalaciones manejadas por CCA le costaban 10 centavos más por día/por preso al estado de Florida. 21
  • La Oficina General de Contaduría de los Estados Unidos (GAO), la agencia "guardiana" congresional, pasó un año entero examinando costos de operaciones en las cárceles manejadas por el gobierno y en las privatizadas. El informe de GAO del año 1996 detectó "poca diferencia" y "resultados mixtos" y, finalmente, no pudo llegar a la conclusión de si la privatización significaba un ahorro. 22

A pesar de la evidencia, los proponentes de la privatización de cárceles siguen diciendo que son más económicas que las manejadas por el gobierno. Estas afirmaciones tienden a estar viciadas por varias razones. La primera y principal es que tienden a comparar "peras con naranjas." Uno de los más grandes desafíos en la comparación de costos entre las cárceles del gobierno y las privatizadas es encontrar establecimientos que sean equivalentes, donde la diferencia clave sea el hecho de si son manejadas por el gobierno o por compañías con fines de lucro. En la mayoría de los estudios, las características claves no son comparables. En Nuevo México, por ejemplo, la única cárcel de mujeres del estado está bajo la administración de una compañía con fines de lucro. Es imposible encontrar una cárcel comparable manejada por el gobierno en dicho estado, ya que las cárceles de las mujeres se manejan en forma muy diferente de las instalaciones para hombres, y generalmente cuestan más.23 Además, en general, los costos gubernamentales se basan en promedios que incluyen presos que requieren mediana y máxima seguridad, mientras que solamente el 2 por ciento de la población penitenciaria en las cárceles con fines de lucro lo constituyen presos que requieren máxima seguridad. 24

Otra falla es que los costos con frecuencia se proyectan sobre un período de corto plazo, como por ejemplo un sólo año fiscal. Los costos operativos de largo plazo de una cárcel con fines de lucro pueden diferir de los de corto plazo, y los costos reales tal vez no surjan sino hasta después de varios años, a medida que cada establecimiento pasa por una serie de experiencias diferentes. Las compañías con fines de lucro pueden presentar un estimado de bajos costos para ganarse el contrato, y luego pedir inesperados aumentos en los pagos cuando asumen la responsabilidad de manejar el establecimiento. Un ejemplo claro de ésto ocurrió en el condado de Monroe, en Florida. Poco después de asumir control de las operaciones de la cárcel del condado en febrero de 1990, Wackenhut y el condado de Monroe tuvieron un desacuerdo sobre los niveles de personal penitenciario. Wackenhut accedió a aumentar el personal pero pidió al comisionado del condado que le diera $750.000 dólares adicionales para pagar los sueldos correspondientes. Una vez que el pedido fué negado, la oficina del alguacil tuvo que retomar control de la cárcel. 25 Una situación similar ocurrió en 1999 cuando Wackenhut, que manejaba dos establecimientos penitenciarios plagados de violencia en Nuevo México, solicitó del Comité Legislativo Financiero que le aumentara los viáticos para poder mejorar las instalaciones.26 En cada caso, Wackenhut no pudo suministrar el nivel de servicios que había prometido ni generar una ganancia al precio original del contrato.

Otra falla que se da en la mayoría de las comparaciones de costos es la omisión de los costos "ocultos" inherentes a las cárceles con fines de lucro. Un costo oculto grande es el de aplacar revueltas y capturar a fugitivos. En julio de 1999 CCA adoptó una nueva política corporativa de reembolsar "gastos razonables" incurridos por las agencias de la ley en la búsqueda de fugitivos escapados de CCA.27 (El significado del término "razonable," por supuesto, es sujeto a interpretación.) CCA adoptó esa política una vez que las autoridades locales de Tennessee incurrieron gastos por valor de unos $80.000 dólares por siete días en la búsqueda de dos presos originarios de Montana, escapados del Centro de Detenciones de Tennessee del Oeste, manejado por CCA. CCA también tuvo cinco fugas de su Centro Penitenciario del Sud/Centro de Tennessee durante el año 1999, mientras que en establecimientos comparables manejados por el estado no hubo ninguna. 28

Las cárceles manejadas con fines de lucro han existido en Texas desde la mitad de la década de los 80, pero se llevó más de una década para aprobar una ley exigiendo que los contribuyentes recibieran un reembolso por las equivocaciones de los empresarios. Texas, el estado que tiene el mayor número de cárceles con fines de lucro, ha adoptado recientemente una política de requerir a los que manejan esos establecimientos que reembolsen al estado por su ayuda en contener las revueltas y en capturar a los fugitivos. Otros estados que han experimentado fugas de penados en cárceles con fines de lucro también han empezado a exigir reembolsos por estos costos ocultos. Por ejemplo, el estado de Ohio ahora exige que las firmas con fines de lucro reembolsen al estado por cualquier ayuda que éste suministre en la captura de fugitivos. El alto número de fugas de las cárceles con fines de lucro ha hecho que estos reembolsos se conviertan en una necesidad.

Otros costos que necesitan tenerse en cuenta cuando se comparan las cárceles con fines de lucro con las que maneja el gobierno, son los costos relacionados con el procedimiento de adquisiciones y costos indirectos. Estos costos pueden incluir procedimientos legales y costos administrativos, incluyendo monitoreo de contratos, y otros costos generales o indirectos que no se eliminan con la privatización. Dichos gastos pueden ser significativos. Un estimado bien conceptuado calcula que pueden ser de entre el 10 y el 20 por ciento de los costos de los contratos.29 La privatización puede llevar de esa manera a la inserción de una capa adicional de burocracia, además de la ya existente. En Florida, por ejemplo, la Comisión de Privatización de Cárceles fué creada específicamente para supervisar la privatización de establecimientos penitenciarios en el estado. A medida que otros estados comienzan a reglamentar las cárceles con fines de lucro, el costo de las contrataciones externas va a continuar subiendo.

Límites sobre los costos de las compañías

Los contribuyentes incurren otros gastos ocultos por medio de los incentivos contractuales que se les da a las firmas. Estos incentivos incluyen garantías de un número mínimo de presos y límites sobre los costos de atención médica. El contrato típico entre una compañía con fines de lucro y un gobierno le garantiza a la compañía un número mínimo de presos. Estas garantías pueden tener implicaciones costosas. Por ejemplo, el contrato de Wackenhut con Nuevo México requería que el estado pagara el 90 por ciento de la capacidad de alojamiento, sin tener en cuenta las cifras reales del establecimiento. Después de una racha de violencia en los establecimientos de Wackenhut, Nuevo México transfirió más de 100 presos a una prisión de máxima seguridad en Virginia. Wackenhut sostenía que el estado todavía tenía que pagarle $45 dólares por preso por las camas vacías. Por lo tanto, Nuevo México se vería forzado a pagar a dos partes diferentes, es decir, a Wackenhut y a Virginia, por el alojamiento de cada preso. Además, Nuevo México también tenía que pagar para transportar a los presos hasta Virginia, y a su vez Virginia le cobraba una alta tarifa — $64 dólares por preso/por día — porque se requería alojamiento de emergencia. Nuevo México podía acabar pagando más del doble del costo original de alojamiento de presos. 30

De acuerdo con la Asociación Americana de Cárceles (American Correctional Association), los costos de atención médica de los presos aumentaron en un 10.24 por ciento en 1998, y en un 9.87 por ciento en 1997.31 En varios estados, tales como Tennessee, Florida y Nevada, existen topes con respecto a los costos de atención médica para las cárceles con fines de lucro. En Florida, por ejemplo, las firmas pagan gastos médicos hasta $7.500 dólares; el estado paga los gastos que exceden esa suma. Estos topes trasladan al estado los costos de encarcelamiento incurridos por las firmas. Se espera que en el futuro los costos de atención médica van a aumentar debido a las sentencias más largas, a la difusión de enfermedades contagiosas y al aumento de presos con problemas psiquiátricos. Los topes de costos de atención médica significan que los contribuyentes van a cargar cada vez más con los gastos.

El Costo de Exportación de Presos

La exportación de presos a los establecimientos penitenciarios ubicados en otros estados tiene implicaciones negativas de costo para las comunidades que hacen la exportación. Los costos más obvios son los trabajos que se pierden y los impuestos sobre la renta. También hay otros costos de oportunidades, tales como pérdidas relacionadas con donaciones y subsidios federales. Por ejemplo, el Censo de los Estados Unidos cuenta los presos como residentes de la jurisdicción donde está ubicada la prisión. Cuando un estado exporta presos a cárceles en otros estados, puede perder financieramiento con respecto a programas estatales y federales que basan su contribución en relación con la población. 32 Otros costos de largo plazo son difíciles de determinar. Por ejemplo, puede haber costos relacionados con un aumento en la reincidencia, en cuanto a que el envío de los presos a lugares alejados de su familia y de redes de apoyo pueden impedir su rehabilitación. Los altos costos de transporte también pueden hacer prohibitivo el contacto entre los presos y sus familias. Y el costo de transportar a los presos a jurisdicciones lejanas, que recae sobre los contribuyentes, también se debe considerar como factor en la ecuación.

Consecuencias Impositivas

Uno de los beneficios que se atribuyen las cárceles con fines de lucro es su contribución a la base de impuestos sobre la propiedad inmueble. Sin embargo hay evidencias de que esas firmas han tratado de evitar pagar impuestos. Por ejemplo, CCA se retiró de su contrato para manejar el Centro de Actividades Previas a la Puesta en Libertad (Pre-Release Center) del estado de Cleveland porque no quería pagar su parte de los impuestos locales. Tanto la ciudad como el condado le habían concedido a CCA más de un 50 por ciento de reducción de impuestos desde 1995 hasta 1998, pero no era suficiente para la corporación.33 En 1997, CCA pagó bajo protesta sus impuestos sobre la propiedad por el Centro de Detenciones de Leavenworth (Kansas), sosteniendo que el 90 por ciento de la prisión debería ser clasificado como zona de residencias.34 En 1994, los funcionarios de Wackenhut prometieron a los funcionarios del condado de Glades que iban a pagar alrededor de $400.000 dólares por año en concepto de impuestos a la propiedad, pero más tarde vendieron el terreno a una entidad sin fines de lucro creada específicamente [para ese propósito]. El año siguiente, la Comisión de Privatización de Cárceles del estado de Florida les concedió una exención de pago de impuestos a la propiedad por la prisión de 750 camas.35 Glades no es el único condado en Florida que no ha recibido pago de impuestos sobre la propiedad de la industria penitenciaria. Los condados de Bay, Columbia, Polk y Palm Beach, donde están localizadas otras cárceles y establecimientos penitenciarios para jóvenes, manejados por Wackenhut, CCA y Correctional Services Corporation, tampoco recibían de estas empresas ingresos por concepto de impuestos.36 Y Florida no es el único estado donde los contribuyentes subvencionan las ganancias de las cárceles comerciales. Por ejemplo, en 1998 Arizona aprobó una ley que prohibe retroactivamente la imposición de impuestos sobre ingresos derivados del encarcelamiento o detención de presos en una prisión manejada con fines de lucro. 37

Otro intento de evitar el pago de impuestos ocurrió cuando CCE se fusionó con su REIT para aprovechar un resquicio en el sistema federal impositivo que permite que los REITs eviten pagar impuestos a nivel de la compañía. Si bien este refugio impositivo se estableció para compañías legítimas de propiedades inmuebles, CCA esperaba usarlo para evitar pagar impuestos de ingreso corporativo sobre las ganancias derivadas del manejo de cárceles con fines de lucro. De acuerdo con Legg Mason Wood Walker, que funciona principalmente como intermediario en la compraventa de valores y servicios bancarios para inversiones tanto de particulares como de instituciones, corporaciones y municipalidades, los REITs también evitan pagar impuestos a nivel estatal.38 Los planes de CCA eran de ganar dinero manejando cárceles y luego canalizar las ganancias a los REITs y de esa manera proteger sus ingresos de los impuestos a la renta. Como se dijo anteriormente, la compañía CCA/Prison Realty estaba tratando de revertir hacia la estructura que tenía antes de convertirse en REIT porque su estrategia para evitar los impuestos estaba afectando negativamente la capacidad de crecimiento de la compañía.

Las compañías de cárceles con fines de lucro también han evitado pagar impuestos convirtiéndose en socios de autoridades locales de desarrollo económico. Esta relación le ha permitido a la industria de las cárceles acumular subsidios en forma soslayada para su financiamiento, por medio de la emisión de bonos libres de impuestos. Este tipo de financiamiento puede costarle a los contribuyentes cantidades mayores que el financiamiento público porque una autoridad encargada del desarrollo tal vez emitiría valores con una tasa mayor de intereses que los bonos de obligación general. También puede reubicar el riesgo del proyecto trasladándolo desde la compañía con fines de lucro hacia los contribuyentes, cargándole a la entidad gubernamental toda la responsabilidad por el fracaso operativo del que maneja la prisión. Esto ocurrió, por ejemplo, en 1988 cuando Detention Services, Inc., convenció a los funcionarios del condado de Zavala, en Texas, de que financiaran una prisión con fines de lucro por medio de bonos del condado, pagaderos con las ganancias de la prisión. El empresario luego firmó un contrato con el Distrito de Columbia para alojar a los presos. Sin embargo, en diciembre de 1990, el Distrito canceló el contrato debido a que había habido fugas de presos, peleas con bates de béisbol entre los presos, y un caso en que un guardia llevó en auto a dos presos a un prostíbulo en México. Con la prisión vacía y sin ingresos, el condado se vió forzado a hacer los pagos de los bonos con dinero de su fondo de operaciones, con lo que se vió en situación de déficit y de incumplimiento de las obligaciones de los bonos.39 Los contribuyentes tuvieron que pagar las consecuencias de las equivocaciones de los empresarios.

El costo de las obligaciones

Un estado puede contratar a alguien para que preste servicios, pero no puede contratar a alguien para que asuma sus responsabilidades. Esto se destacó en 1999 cuando un juez del estado de Montana desechó los argumentos del Departamento de Cárceles del estado que aducía no ser responsable por los presos recluídos bajo contrato en una prisión.40 Al ofrecer sus servicios en el mercado, una firma con fines de lucro puede decirle al gobierno que éste va a estar completamente cubierto por indemnizaciones contra toda responsabilidad, pero eso puede ser difícil de hacerse cumplir. Por ejemplo, cuando el Distrito de Columbia firmó un contrato por valor de $182 millones de dólares con CCA para alojar a presos en Youngstown, en el estado de Ohio, se le dijo que estaría completamente cubierto por indemnizaciones. Sin embargo el Distrito tuvo que hacerle un juicio a CCA para obligarlos a cumplir con el contrato. En el juicio, el Distrito de Columbia sostuvo que CCA había rehusado pagar indemnizaciones a los funcionarios del Distrito y que no había obtenido la póliza de seguro necesaria en la que figurara el Distrito como entidad asegurada. 41

Hay cada vez más evidencias que las compañías con fines de lucro tal vez no puedan obtener seguros contra terceros. Por ejemplo, en su declaración ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) del 18 de noviembre de 1999, la compañía Cornell Corrections dijo que "no podemos obtener seguros para cubrir algunos riesgos singulares de la empresa, incluyendo desórdenes y conmociones civiles o las acciones de un preso que se escapa."42 En 1990, el contrato de CCA con el condado de Hamilton, en el estado de Tennessee, decía que la compañía tenía que tener $25 millones de dólares de seguro para proteger al condado contra toda responsabilidad. El condado, después de haber firmado el contrato, se enteró que la compañía no tenía esa cantidad. Luego CCA declaró que no solamente no tenía los $25 millones, sino que tampoco podía conseguirlos. 43

Los empleados de las cárceles con fines de lucro también pueden ser demandados. Los empleados estatales y locales de las cárceles generalmente están protegidos contra demandas sobre el desempeño de sus tareas mientras su conducta no viole "derechos claramente establecidos que una persona razonable debería conocer." En junio de 1997, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que los empleados de compañías privadas no están protegidos por la misma inmunidad. Según están las cosas ahora, la privatización, que sus proponentes sostienen que va a reducir los costos de suministrar servicios, puede en realidad aumentar los gastos en la medida en que las indemnizaciones o acuerdos mutuos de inmunidad entre las jurisdicciones y los proveedores con fines de lucro tal vez no se puedan aplicar, y la responsabilidad última de suministrar servicios públicos sigue recayendo sobre la jurisdicción.

17. Travis C. Pratt and Jeff Maahs, "Are Private Prisons More Cost-Effective than Public Prisons? A Meta-Analysis of Evaluation Research Studies," ("¿Las Cárceles de Propiedad Privada son Más Económicas que las Públicas? Un Meta-Análisis de Estudios de Investigación Evaluativa") Crime & Delinquency, September 1, 1999, pgs. 358-371.

18. Dennis Cunningham, "Projected FY 2000 Cost of DOC Operated Medium Security Beds Compared to Private Prison Contracts," ("Costo Proyectado de Camas de Mediana Seguridad Manejadas por El Departamento de Cárceles - DOC - para el Año Fiscal 2000, comparados con los Contratos de las Cárceles de Propiedad Privada ") presented at 4th Annual Privatizing Correctional Facilities, sponsored by World Research Group, Las Vegas, Nevada, September 24, 1999.

19. Abt Associates Inc. "Private Prisons in the United States: An assessment of Current Practice," ("Cárceles de Propiedad Privada en los Estados Unidos: Una evaluación de Prácticas Actuales") July 16, 1998, pg. 46.

20. Sheila Wissner, "Study Casts Doubt on CCA Savings," ("Estudio Pone en Duda los Ahorros de CCA") The Tennessean, March 2, 1998, pg A1.

21. Florida Office of Program Policy Analysis and Govenment Accountability, "Review of Bay Correctional Facility and Moore Haven Correctional Facility," ("Reseña de las Instalaciones de Bay Correctional y de Moore Haven") April 1998.

22. U.S. General Accounting Office, "Private and Public Prison: Studies Comparing Operational Costs and/or Quality of Service," ("Cárceles de Propiedad Privada y Públicas: Estudios que Comparan sus Costos Operativos y/o la Calidad de Servicio") GAO/GGD-96-158, August 1996, pgs. 3, 7, 9, 23.

23. Abt Associates Inc. "Private Prisons in the United States: An Assessment of Current Practice," ("Cárceles de Propiedad Privada en los Estados Unidos: Una evaluación de Prácticas Actuales") July 16, 1998, pg. 34.

24. Ibid., pg. 25.

25. Charles Mathesian, "Dungeons for Dollars," ("Mazmorras a cambio de Dólares") Florida Trend, October 1, 1996, pg. 80.

26. Lou Fecteau, "Upgrades at 2 Prisons Proposed," ("Se Proponen Mejoras en Dos Cárceles") Albuquerque Journal, October 22, 1999, pg.A1.

27. Richard Locker, "Prison Officials Defend Procedures at Mason," ("Funcionarios de Cárcel Defienden Procedimientos Utilizados en Mason") The Commercial Appeal, July 9, 1999, pg. A1.

28. Paul Wade, "CCA OK'd to Run Prison 2 More Years," ("CCA Recibe Aprobación para Manejar Prisión por Dos Años Más") The Commercial Appeal, December 10, 1999,pg. B1.

29. Lawrence L. Martin, "A Proposed Methodology for Comparing the Costs of Government Versus Contract Service Delivery,"("Una Propuesta de Metodología para Comparar los Costos del Gobierno con los Servicios por Contrato") The Municipal Year Book, International City/County Management Association, 1992.

30. Mark Oswald, "Wackenhut Billing N.M. For Empty Beds," (Wackenhut le Pasa la Cuenta a New Mexico por Camas Vacías") The New Mexican, September 9, 1999.

31. American Correctional Association, Corrections Compendium, October 1999, pg.8.

32. Tracey L. Huling, "Prisons As a Growth Industry in Rural America: An Exploratory Discussion of the Effects on Young African-America Men in the Inner-Cities," ("Las Cárceles como Industria de Crecimiento en Zonas Rurales: Debate Exploratorio sobre los Efectos que tienen en jóvenes Afroamericanos en Zonas Urbanas Pobres") prepared for U.S. Commission on Civil Rights, Washington, D.C., April 15-16,1999, pg.14.

33. Cindy Horswell, "Private Prison Firms Pulling Out After Dispute With School District," ("Cárceles de Propiedad Privada Se Retiran Luego de un Desacuerdo con el Distrito Escolar") Houston Chronicle, September 3, 1998, pg.32.

34. Mark Wiebe, "Detention Center Meets Opposition in Push to Change Classification," ("Centro de Detenciones Se Enfrenta Con Oposición al Querer Hacer Cambios de Clasificación") The Kansas City Star, March 12, 1998, pg.1.

35. "Divided Wiggins Votes Today on Private-Prison Plan," ("Wiggins Dividido, Vota Hoy Sobre Plan de Cárceles de Propiedad Privada") Denver Post, July 8, 1997, pg.B04.

36. Margaret Talev, "Officials Locked in Prison Tax Fight." ("Funcionarios Enfrascados en Lucha Sobre Impuestos a Cárceles") The Tampa Tribune, June 29, 1997, pg. 1.

37. National Conference of State Legislatures, State Crime Legislation: 1998, November 1998 , Vol.23, No. 19, pg.13.

38. John R. Honovich, "Correction Industry Financing Options," ("La Industria Penitenciaria Financia Opciones") presentation at 4th Annual Privatizing Correctional Facilities, sponsored by World Research Group, Las Vegas, Nevada, September 23, 1999.

39. Todd Mason, "It's a Bust: Many For-Profit Jails Hold No Profits — Not Even Any Inmates; Still Promoters Keep Pushing Privately-Run Prisons to Job-Hungry Towns; Texas Rent-A-Cell-Breakout," ("Se Descubrió: Muchas Cárceles con Fines de Lucro no dan Ganancias — Y ni siquiera tienen presos; Sin embargo los Promotores Siguen Promoviendo las Cárceles de Propiedad Privada Ante las Ciudades Hambrientas de Empleos; Fuga en las Celdas Alquiladas en Texas") The Wall Street Journal, June 18, 1991.

40. "State Liable in Suits by Cons in Private Prisons," ("Estados Responsables en Juicios Iniciados por Penados en Cárceles de Propiedad Privada") Associated Press, October 13, 1999.

41. Cheryl W. Thompson, "D.C. Sues Private Prison Firm in Contract Dispute; CCA Failed to Protect and Defend the City in Two Lawsuits, Complaint Contends," ("Distrito de Columbia Inicia Juicio contra Prisión Privada en Disputa Contractual; CCA no Protegió ni Defendió la Ciudad en Dos Juicios, Dice una Denuncia") The Washington Post, December 19, 1998, pg. B07.

42. Cornell Corrections, Inc., Form S-3, Securities and Exchange Commission, Washington, D.C., November 18, 1999.

43. "Tennessee County Finds Pitfalls in Private Prisons," ("El Condado de Tennessee Encuentra Peligros en Cárceles de Propiedad Privada")The Phoenix Gazette, April 7, 1990, pg. A15.

Print Version