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La Batalla de sus Vidas

Personal de la Unión y familiares de los residentes en los estados de Missouri y Washington, en dos centros para personas con discapacidad, emplearon el respeto mutuo y el principio de trabajo en equipo para superar las amenazas de un cierre inminente.

Por Susan Ellen Holleran

ST. LOUIS

Cuando Betty Coll oyó que el recién electo Gobernador Matt Blunt (Republicano) había declarado que el Centro de Habilitación Bellefontaine de esta localidad sería cerrado para el mes de julio de 2005, ella inmediatamente organizó un plan de acción. Patrick, el hijo de Coll, reside desde hace mucho tiempo en Bellefontaine.

Una de los líderes de la Asociación de Padres — ella y su difunto esposo habían servido en esa organización como presidentes — Coll sabía lo que estaba en juego. "Yo vengo a visitar a Patrick con frecuencia", dice ella. "Si él pudiera valerse por sí mismo en la comunidad, yo lo tendría conmigo en nuestro hogar. El personal del centro es algo increíble. Ellos salvan muchas vidas aquí en Bellefontaine". Armada con ese conocimiento y una red de activistas que la apoyaban, ella se preparó para enfrentarse a Blunt.

La declaración del gobernador tuvo lugar durante su discurso tradicional sobre la situación del estado. Uno de sus primeros actos oficiales como gobernador fue revocar los derechos de los empleados estatales a la negociación colectiva. Obviamente Blunt pensó que esa acción contra ellos los volvería vulnerables.

Él no tomó en consideración la indignación de las familias o la dedicación, la resistencia y la creatividad del personal de Bellefontaine. Los trabajadores y las familias siempre han colaborado estrechamente, proveyendo una red de apoyo para los residentes. Por lo tanto, ellos estaban listos para poner todo en juego y asegurarse que el cuidado de alta calidad continuaría. Ésta fue una campaña alimentada por el amor.

MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE EMPLEO. Patrick Coll siempre tuvo un lugar especial en el corazón de James Biggs. Biggs ha sido un asistente de desarrollo en Bellefontaine por cinco años, y muchos de los residentes con los cuales él trabaja son autistas. Patrick, quien está severamente discapacitado, no puede expresar sus necesidades o su dolor. "Ésta es una de las peores cosas", dice Biggs. "Yo quisiera que él pudiera comunicarse conmigo y decirme dónde le duele, pero no puede. Patrick exterioriza lo que siente y tiene tanta fuerza como un toro". De la misma manera que Patrick, la mayor parte de los residentes de Bellefontaine son extremadamente frágiles o exhiben una variedad de problemas físicos y de conducta. Los residentes que podían funcionar bien en la comunidad fueron trasladados hace muchos años.

Biggs no se puede imaginar cómo Patrick podría sobrevivir en los hogares de grupos que están surgiendo por todo el estado — con personal mal entrenado y de salarios bajos. Biggs, representante sindical de la Unión Local 2730 (Concilio 72), organizó la Asociación de Padres para combatir el plan de Blunt, mientras que él y sus colegas trabajadores se movilizaban para proteger a sus clientes.

LA VERDAD CONTRA EL PODER. Además de estar involucrados integralmente en el cuidado de sus propios niños, los miembros de este grupo muy unido de voluntarios recaudan cerca de $50,000 anualmente. El dinero cubre ciertas "cosas especiales" que no son incluidas en el presupuesto del estado — como por ejemplo, regalos de Navidad, regalos de cumpleaños y pasteles decorados individualmente.

Los trabajadores y las familias realizaron manifestaciones en Jefferson City y en St. Louis y presentaron testimonio ante la asamblea legislativa estatal. Invitaron a Blunt para que visite el establecimiento, así podría entender mejor cuán importante es para sus residentes.

Para asegurarse que el público y sus representantes en la asamblea legislativa conocieran los hechos, la coalición se puso en contacto con los medios de comunicación. Blunt había alardeado que el cierre de Bellefontaine le ahorraría al estado cerca de $20 millones, lo cual no era cierto. El estado contribuye solamente $2.3 millones para el funcionamiento del centro; el resto del presupuesto anual del establecimiento, que asciende a $25.4 millones, se cubre con fondos privados y federales. La reubicación de los residentes sería mucho más costosa para el estado, y no hay ningún sistema establecido que garantice el mismo estándar de cuidado en los hogares de grupo.

El gobernador rehusó prestarle atención al asunto, pero la asamblea legislativa sí lo hizo. El Senador Estatal Tim Green (Demócrata) puso en efecto maniobras dilatorias por 14 horas cuando las propuestas de reducción del presu-puesto se pusieron a votación en la cámara del Senado Estatal. Finalmente, se prolongó el financiamiento — por lo menos temporalmente. Las familias y el personal del centro consiguieron más tiempo para poder fortalecer su caso y ayudar a los residentes a que puedan permanecer en el único hogar que la mayoría de ellos conocía.

SHORELINE, WASHINGTON

Adrienne Fraley-Monillas nunca olvidará el esfuerzo más reciente del estado de Washington para cerrar la Escuela Fircrest. "El estado estaba obligando a mis clientes a irse, quisieran o no", dice el administrador-consejero, quien trabaja allí desde hace 28 años. "Era como si los estuvieran arrancando de nuestros brazos. Ellos estaban perdiendo su 'familia', y nosotros os estuvieran arrancando de nuestros brazos.Ellos estaban perdiendo su 'familia', y nosotroslos estábamos perdiendo a ellos". Este dolorenergizó a los casi 900 miembros de la UniónLocal 341 (Concilio 28), quienes se prepararonpara una masiva-y exitosa-estrategia delucha en contra de tal cierre.

Las instalaciones de enfermería de la EscuelaFircrest están entre las 10 más importantes delpaís. Sin embargo, sus empleados y las familias de los residentes se han visto forzados a luchardurante décadas simplemente para mantener elcentro en funcionamiento. Ahora han ganado una resonante victoria: en primer lugar, atrayendo la atención del público y de la asamblea legislativa para frenar, y luego revertir, elmovimiento hacia el cierre; y en segundo lugar, eligiendo como Gobernadora a Christine Gregoire (Demócrata), quien se ha comprometido a apoyar y fortalecer los servicios necesarios para la comunidad.

SERVICIO BASADO EN EL CLIENTE. El hijode Fraley-Monillas, Dominick, sufre de síndrome de Down y vive en casa. Pero ella se da cuenta que los residentes actuales perderíanmucho terreno sin los servicios y programas de Fircrest.

Según el activista Robert Hay de la Unión Local 341, los ataques contra Fircrest durantelos últimos dos años han llevado a la escuela"mucho más cerca del cierre de lo que había estado anteriormente". La Senadora Estatal Darlene Fairley (Demócrata) lideró el ataque enla asamblea legislativa estatal y el ex- Gobernador Gary Locke, otro Demócrata, cortó el financiamiento. El cambio de posición de Fairley, que antes era favorable a los trabajadores,sensible a las necesidades y las preocupaciones de los grupos de base, decepcionó profundamente a los miembros de AFSCME, quienes habían hecho campaña en favor de la elecciónde Fairley.

VER ES CREER.Los miembros de la coalición solicitaron a los legisladores que hicieran una cosa antes de tomar la decisión de cerrar la escuela: visitar Fircrest, reunirse con los residentes y ver lo que el personal realiza cada día. Los legisladores así lo hicieron. Muchas veces, la Unión Local 341 proveyó cena — pizza y refrescos — mientras que los funcionarios conversaban con los trabajadores y con miembrosde las familias; también visitaron el centro y conocieron a los residentes. Los legisladores se dieron cuenta que los recursos disponibles en ese recinto serían muy difíciles de replicaren los hogares de grupo.

"Nosotros les explicamos que no podríamos reubicar a muchos de estos clientes en la comunidad", dice Hay. A medida que los legisladores comenzaron a entender la magnitud de la situación, reconsideraron sus posiciones.

Aunque Fircrest ha podido sobrevivir esta batalla, aún se necesita negociar una decisión final sobre los cinco centros regionales de Washington. Afortunadamente, representantes de los trabajadores y de los residentes tendrán un asiento en la mesa. El Gobernador Gregoire ha nombrado una comisión de 13 miembros para revisar las necesidades de los ciudadanos discapacitados de Washington y preparar recomendaciones sobre las opciones más viables para satisfacer esas necesidades.

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