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Wal-Mart en Puerto Rico: Un Voraz Crecimiento

En la edición de marzo/abril 2005, Empleado Público presentó un informe sobre los problemas que el gigante Wal-Mart les causa a los trabajadores norteamericanos y sus familias por la manera en que la compañía conduce sus negocios. Como lo muestra una encuesta, muchos de estos mismos problemas con Wal-Mart también ocurren en Puerto Rico:

Por Gonzalo Baeza

Wal-Mart irrumpió en Puerto Rico en 1992, y hoy, gracias a una voraz expansión, ostenta 55 locales a lo largo del país. Estos incluyen nueve supermercados Wal-Mart propiamente dichos, así como cinco de los llamados "Supercenters" (locales de mayor magnitud, el más reciente de los cuales comenzó a funcionar el 21 de enero en Caguas), nueve Sam's Club y 32 sucursales de la cadena de supermercados "Amigo". Para este año, la compañía ya anunció sus planes de construir un nuevo supermercado Amigo en el casco urbano de Santurce, San Juan.

Amigo era una compañía local hasta que en 2002, tras recibir una incomprensible luz verde por parte de las autoridades, Wal-Mart la adquirió por 225 millones de dólares. Esta compra causó la consternación de agricultores, distribuidores de alimentos, detallistas y representantes sindicales y, ese mismo año, agrupa-ciones pertenecientes a estos grupos formaron la Coalición de Organizaciones Puertorriqueñas para prevenir la arremetida monopólica del coloso estadounidense. La adquisición de Amigo convirtió a Wal-Mart en el detallista más grande de Puerto Rico: en 2003, sus ventas alcanzaron 1,200 millones de dólares.

CONTRA LA LEY. El clamor llevó al Departamento de Justicia de Puerto Rico a demandar a Wal-Mart por violación de la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, que prohíbe toda transacción que reduzca la competencia o fomente los monopolios. A pesar de que en diciembre de ese año un juez federal dictaminó que el gobierno puertorriqueño se había excedido en sus atribuciones, el Departamento de Justicia insistió y presentó una apelación. Esta iniciativa concitó el apoyo de nada menos que 19 secretarios de justicia de distintos estados dentro de Estados Unidos.

Ante la posibilidad de un veredicto legal adverso, Wal-Mart optó por llegar a un acuerdo con el gobierno en febrero de 2003. En éste, la compañía se comprometió a conservar los 4,000 puestos de trabajo de la cadena Amigo por los próximos diez años y mantener los niveles de compra de productos agrícolas puertorriqueños por igual período de tiempo.

Para Carlos Declet, asesor legal del Centro Unido de Detallistas (CUD), la agresiva campaña de expansión de Wal-Mart viola la legislación antimonopolios conocida como la Ley Sherman y es por eso que aún no logra comprender por qué "el gobierno puertorriqueño cedió cuando tenía un caso fuerte en sus manos".

ACCIÓN EN CAGUAS. Declet, quien ha observado de cerca el crecimiento de Wal-Mart en la isla, comentó a Empleado Público que "en muchas instancias hemos podido comprobar incumplimiento de leyes ambientales y de zonificación por parte de la compañía". Sin ir más lejos, durante la construcción de su Supercenter en Caguas, en 2005, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA — por sus siglas en inglés) ordenó que la empresa tome acciones correctivas inmediatas por haber violado la ley de aguas limpias.

En su experiencia, Declet ha visto cómo, por lo general, cada vez que Wal-Mart anuncia planes de construir un nuevo supermercado, las autoridades "aceleran los trámites y aprueban las propuestas". En el pasado, el CUD ha "hecho coaliciones con distintos grupos tales como las uniones para combatir esta estrategia, ya que Wal-Mart además de todo es anti-obrero".

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