Centros de cuidado infantil cerrarían, sus empleados serían despedidos y los padres trabajadores perderían servicios esenciales de guardería si la administración lleva a cabo su intención anunciada de retener ilegalmente $10 mil millones en ayuda federal a cinco estados liderados por demócratas, según declaraciones presentadas por varios miembros de AFSCME en apoyo a la demanda de la organización que impugna el congelamiento de fondos.
AFSCME y sus codemandantes han presentado una moción solicitando una medida cautelar preliminar contra el congelamiento, respaldada por las declaraciones de los miembros de AFSCME. El congelamiento fue suspendido temporalmente a finales de enero por un juez federal en un caso diferente presentado por los cinco estados afectados, y aunque la medida cautelar preliminar de los estados sigue vigente por ahora, no es una sentencia definitiva, por lo que la acción de AFSCME sigue siendo de vital importancia.
"Si mis clientes ya no pueden costear el cuidado infantil, tendrán que tomar decisiones difíciles sobre abandonar la fuerza laboral, lo que a su vez tiene efectos en cascada sobre su bienestar, nuestra comunidad y el país en general", dijo Janna Rodríguez, miembro de CSEA y proveedora de cuidado infantil en Nueva York. "Pagarles a los proveedores de cuidado infantil a tiempo no es opcional. Es el fundamento que permite que las familias trabajadoras, los niños y la economía en general funcionen".
El desafío al congelamiento ilegal de fondos, presentado por AFSCME y varias de sus afiliadas, junto con SEIU y la Main Street Alliance, sostiene que la administración Trump está ignorando el proceso legalmente requerido para suspender dicho financiamiento, apuntando a los estados afectados por razones partidistas improcedentes y violando los derechos de la Primera Enmienda de los residentes de esos estados. Además de AFSCME, las afiliadas demandantes incluyen a United Domestic Workers (UDW/AFSCME Local 3930), el Concilio 31 de AFSCME y el Concilio 57 de AFSCME. Los demandantes están representados por abogados de la organización Democracy Forward, así como por asesores jurídicos internos de AFSCME y SEIU.
"Los proveedores de cuidado infantil garantizan que los padres puedan ir a trabajar y que los niños puedan prosperar", dijo el presidente de AFSCME, Lee Saunders, en un comunicado de prensa. "Estos servicios forman la columna vertebral de nuestra economía, pero en lugar de fortalecerlos, esta administración está atacando cruel e ilegalmente a los proveedores de cuidado infantil, a los niños y a los padres trabajadores para saldar una deuda política."
AFSCME no solo representa los intereses de sus miembros proveedores de cuidado infantil, sino también a los miembros de AFSCME que se benefician directamente de estos subsidios, así como a aquellos cuyos empleos en el gobierno estatal y local implican la administración de los fondos en cuestión.
Courtney Benton, del Concilio 31 de AFSCME en Illinois, es trabajadora de salud pública y madre de dos hijos. Declaró ante el tribunal que sin el subsidio federal, el preescolar de su hijo sería demasiado costoso y tendría que renunciar a su trabajo para quedarse en casa con él.
"Simplemente no puedo pagar tanto la hipoteca como el costo total del preescolar", dijo Benton. "El subsidio de cuidado infantil que recibo me ha permitido tener una carrera, contribuir a mi comunidad cuidando a otros y mantener un hogar para mis hijos."
Las voces de estos profesionales del cuidado infantil y miembros de la unión son fundamentales para impugnar el plan de la administración Trump-Vance de recortar el cuidado infantil y otros programas de asistencia familiar. El congelamiento ilegal de fondos pone en peligro a niños y familias en California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, especialmente a los de hogares de bajos ingresos y familias monoparentales.
"Perder ese subsidio significaría perder casi toda mi matrícula y no poder cubrir gastos como el alquiler, la nómina, la alimentación o los servicios públicos", dijo Juana Cortez, miembro de UDW y proveedora de cuidado infantil en California. De los 10 niños bajo su cuidado, ocho provienen de familias que califican para la ayuda.
Erika Prado predice que su programa de cuidado infantil en California cerraría a los dos meses si se recortan los subsidios, ya que siete de los 12 niños inscritos en su programa son financiados en su totalidad por los subsidios en cuestión y se verían obligados a retirarse.
"No puedo administrar mi negocio por mucho tiempo solo con el pago de cinco niños", dijo Prado, miembro de UDW. "Me vería obligada a despedir a mis dos maestras asistentes y a considerar cerrar mi negocio por completo."
Además del daño económico, los miembros de AFSCME también expresaron su preocupación por el impacto en los niños a quienes han dedicado su vida a cuidar, algunos de los cuales tienen necesidades especiales, y todos los cuales perderían el acceso a importantes programas de desarrollo y enriquecimiento.
Dijo Benton: "Me siento tranquila al enviar a (mi hijo) al preescolar, sabiendo que le dan comida de calidad, que está aprendiendo a leer, que tiene buenos amigos con quienes disfruta jugar todos los días y que tiene cuidadores que lo quieren. Nadie en mi familia está en condiciones de reemplazar, de forma gratuita, la atención profesional y la educación que él recibe."